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Luego de un año de investigación, el CTI de la Fiscalía encontró evidencias suficientes para imputar el delito de homicidio a los dos sicarios que fueron contactados dos días antes por los mismos sacerdotes para que les ayudaran a cumplir el pacto de muerte que habían decidido cuando se enteraron de que al menos uno de ellos tenía una enfermedad contagiosa incurable.

Inicialmente se pensó en un robo, pues varios de los objetos personales y el dinero que llevaban los religiosos desaparecieron. Varias fichas que no encajaban llevaron a los investigadores a apuntarle a una hipótesis que no estaba en las cuentas de nadie.

Las primeras pistas que permitieron llegar hasta los sicarios, entre ellos alias ‘Gavilán’, las entregaron personas cercanas a los sacerdotes, que relataron a los uniformados la forma como los dos religiosos empezaron a poner sus cosas en orden y a cancelar cualquier compromiso posterior al 26 de enero, cuando fueron encontrados muertos en un vehículo en el sur de Bogotá.

En la investigación, conocida por EL TIEMPO, aparece que un familiar le pidió a uno de los sacerdotes que oficiara un bautizo y que al saber que la ceremonia se realizaría en febrero, este declinó porque “para esa época no estaría disponible”. Inclusive, el 6 de enero uno de ellos traspasó todos sus bienes y títulos valores a su mamá.

Miembros del CTI hicieron un seguimiento detallado a las llamadas telefónicas hechas desde los celulares de los sacerdotes, hasta llegar a dos números con los que se comunicaron ese día en varias ocasiones.

Con autorización de un juez de Bogotá, esos números fueron interceptados y luego de varios días de análisis se encontró que sus dueños hacían parte de una red delincuencial dedicada al ‘bolillazo’, una modalidad de estafa en la que los incautos entregan fuertes sumas de dinero a cambio de la promesa de multiplicar su inversión.

El seguimiento a los miembros de la organización de timadores permitió a finales del año pasado la captura de nueve personas en Bogotá, Sincelejo y Montería, que fueron procesadas por falsedad y estafa agravada.

Dos de los integrantes de esa red, según la Fiscalía, fueron contratados por los sacerdotes para cometer el crimen. Al parecer, buscaban evitar el deterioro físico que implicaba su enfermedad, y no querían que sus seres queridos y los feligreses de las iglesias de Jesucristo Nuestra Paz, en límites entre Soacha y Bosa, y San Juan de la Cruz, en Kennedy, se enteraran de su situación.

Los sacerdotes llegaron a los sicarios a través de una persona cercana, a quien le hacen saber que están buscando a un escolta con arma.

Los exámenes de Medicina Legal ratificaron la condición de salud de los sacerdotes. Los agentes del CTI recorrieron los sitios nocturnos frecuentados por la comunidad LGBT, y en varios de ellos reconocieron a los sacerdotes como clientes habituales, aunque se desconocían sus identidades.

En los allanamientos contra la red dedicada al ‘bolillazo’ se encontraron dos armas de fuego que coincidían con las usadas durante el crimen. Sin embargo, las pruebas de balística no encajaron y la investigación continuó.

El siguiente paso fue triangular satelitalmente uno de los celulares de los sacerdotes, que había sido hurtado el día del crimen. La señal condujo a la Fiscalía hasta una tienda del sur de Bogotá.

Allí fue capturado uno de los dos delincuentes, quien terminó confesando su participación en el doble homicidio y se convirtió en testigo de la Fiscalía. En un centro comercial del sur de la ciudad se realizó el primer pago, y el día de la muerte se cumplió con el resto de lo pactado.

Los dos sicarios se han inculpado entre sí sobre quién fue el autor de los disparos que ocasionaron la muerte a los sacerdotes, y el que primero entregó información lo hizo ante las evidencias técnicas (interceptaciones telefónicas) que tenía la Fiscalía.

Uno de los celulares de los sacerdotes ya había sido encontrado a mediados del año pasado.

Los investigadores lograron documentar que antes de su muerte los sacerdotes viajaron al cañón del Chicamocha, en Santander, donde hicieron un acto simbólico de despedida. Hoy, un fiscal imputará cargos por homicidio y concierto para delinquir a los dos sicarios que cumplieron la última voluntad de los sacerdotes Reátiga y Píffano. (Fuente: Diario El Tiempo de Colombia).